Rúbrica
Elecciones, violencia y crimen
Por Aurelio Contreras Moreno
En un clima de incertidumbre y en medio de una violencia que el gobierno del
estado de Veracruz prefiere no voltear a ver y en cambio minimizar, comenzaron
formalmente las campañas del proceso electoral municipal por el que se
renovarán los 212 ayuntamientos de la entidad.
Una veintena de aspirantes a cargos edilicios han denunciado haber sido víctimas
de amenazas y varios han incluso renunciado, mientras que el gobierno y la propia
titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, lo menos que han hecho es
tirarlos a locos. Incluso, los han ridiculizado, acusándoles de hacerse las
“víctimas”.
Pero la realidad que no se quiere asumir –por omisión o complicidad- es que el
crimen organizado también participa en la elección y su manera de hacerlo es a
través de la violencia.
Desde el año pasado algunos aspirantes a presidencias municipales fueron
agredidos y otros asesinados. Incluidos simpatizantes y/o militantes de Morena, el
partido oficial, cuyos dirigentes, para no “incomodar” a las autoridades estatales
emanadas de ese mismo instituto político, hicieron mutis y prefirieron “descartar”
que los ataques se debiesen al tema político-electoral.
A eso hay que añadir la violencia que, sin tener que ver directamente con las
elecciones, azota a todo el territorio veracruzano, donde todas las semanas hay
ataques directos para cometer homicidios, algunos por cobros de “piso” que las
víctimas se negaron a pagar, otros por causas diversas, pero que al final tienen el
mismo efecto: miedo, inestabilidad y zozobra.
No es nuevo que el crimen organizado busque influir en temas electorales
colocando candidatos y haciendo a un lado a aquellos que no respondan a sus
intereses. Pero que las autoridades de plano se laven las manos y a pesar de los
hechos sangrientos que ocurren en todos lados, se atrevan a decir que Veracruz
está “tranquilo”, va más allá de cualquier adjetivo.
El interés de los criminales por controlar los gobiernos municipales tiene que ver
fundamentalmente con intervenir los cuerpos de seguridad locales para que no
interfieran en sus actividades delictivas, e incluso “trabajen” para estos mismos
grupos. Pues bien, a eso ahora hay que sumar que a la par de la elección de
ayuntamientos, también iniciaron formalmente las campañas para la elección de
jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, área en la que los
delincuentes tienen especial interés. Quizás hasta mayor.
Colocar como juzgadores ya no solo a personas afines, sino abiertamente a
representantes de los intereses de los criminales, con todo lo que eso implica, es
ahora una posibilidad real ante la pifia histórica del régimen de la mal llamada
“cuarta transformación” de someter a una elección a población abierta cargos a los
que se llegaba por competencias, por conocimientos y trayectoria, por lo sensible
de sus encomiendas.
Y esto no se reduce a una mera especulación. En el proceso de elección de
juzgadores para el Poder Judicial de la Federación fue reconocido por el propio
Senado que se les “colaron” –si les queremos creer que fue un “error”- perfiles que
no cumplen con el requisito de “probidad”, por la simple y sencilla razón de que
han sido –o siguen siendo- defensores de narcotraficantes y hasta de violadores
sanguinarios de derechos humanos.
Si eso pasó a nivel federal, imagínese a nivel local, donde la pandilla que gobierna
Veracruz –y que extrañamente dice que aquí no pasa nada- se despachó con
todas las candidaturas de juzgadores.
Pues a partir de hoy, comenzaron las campañas de ambos procesos a nivel local.
Sálvese quien pueda.
Trece años de impunidad
Si Regina Martínez viera cómo la usan para sus agendas políticas, les escupía en
la cara. Que la justicia llegue para ella algún día.
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